Barcelona, 16 jun (EFE).- El XIX Congreso Nacional de Psiquiatría Legal ha arrancado hoy en Barcelona con el lema "Enfermedad Mental y Violencia", y abordará con especial intensidad durante tres días la situación de las personas que se encuentran recluidas en instituciones penitenciarias y padecen trastornos mentales.
En una comparecencia ante los medios, Iñaki Madariaga, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, ha avanzado los datos de un estudio que se presentará mañana en el congreso y que por primera vez en España analiza la incidencia en la población reclusa del Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), El estudio, realizado sobre más de 100 presos que ya reciben atención psiquiátrica, ha cifrado en un 39% los reclusos que sufren este trastorno de base neurológica y genética, y ha permitido trazar un vínculo entre el TDAH y una mayor delincuencia juvenil, un mayor consumo de drogas y un menor nivel socioeconómico.
La muestra de la investigación no permite extrapolar los datos a la generalidad de los reclusos, por lo que se ha puesto en marcha un nuevo estudio en el Centro Penitenciario Brians I (Barcelona) que sí tomará como muestra a todos los internos que estén en el centro o accedan a él y cifrará, así, el número de reclusos con ese trastorno mental.
Francisco Pérez Arnau, presidente del comité organizador del congreso, ha destacado que ese nuevo estudio "dará una referencia real" y establecerá un "protocolo de detección y tratamiento del déficit de atención".
Los ponentes han destacado la gravedad de no detectar el TDAH, porque es tratable desde el punto de vista psicológico y farmacológico, lo que permite reducir la violencia e impulsividad de los sujetos que lo padecen.
"Hay un número significativo de personas que están en instituciones penitenciarias con enfermedades mentales de diversa índole" y "hay razones serias para pensar que no están suficientemente tratadas", ha declarado el presidente del Congreso Nacional de Psiquiatría, Iñaki Madariaga.
Según los comparecientes en la rueda de prensa, el actual contexto socio-económico proyecta también una sombra sobre esa atención individualizada y programada de los reclusos con enfermedades mentales, a la que están obligadas por ley las instituciones penitenciarias.
Además, "cada vez la tolerancia hacia la violencia es menor" y el "binomio seguridad-libertad se está decantando cada vez más hacia la seguridad", lo que supone un riesgo de exclusión para colectivos como el de enfermos mentales, ha afirmado Pérez Arnau.
En este sentido, Pérez Arnau ha denunciado que el sistema de cumplimiento de medidas de seguridad penales (que se aplican a enfermos mentales que han cometido delitos que implican privación de libertad) se realiza en muchas ocasiones en unidades psiquiátricas que se encuentran dentro de las prisiones.
Los ponentes han reclamado un sistema más "dinámico", que permita la salida de los internos de las instituciones penales y su ingreso en hospitales civiles a medida que mejore su situación, y han subrayado que Cataluña es la única Comunidad Autónoma cuyo sistema sanitario penitenciario se aproxima a estándares europeos.
Los comparecientes han denunciado que, mientras los medios de comunicación se hacen eco del debate sobre el acercamiento de los presos de ETA, olvidan que fuera de Cataluña los enfermos sometidos a medidas seguridad sólo pueden cumplirlas en Sevilla o en Fontcalent (Alicante).
Así, han censurado que un enfermo de Lugo condenado a una medida de seguridad deba cumplirla "a miles de kilómetros de su casa", con lo que se rompe cualquier lazo familiar que le permita, más adelante, reinsertarse en la sociedad. EFE.
